La Directiva (UE) 2019/1937, conocida como Directiva Whistleblowing, ha sido integrada al ordenamiento jurídico español con el propósito de prevenir y descubrir infracciones. La Ley 2/2023 busca brindar un marco regulatorio que proteja eficazmente a aquellos que reportan infracciones dentro del alcance de la Directiva (UE) 2019/1937, incluyendo acciones o inacciones que puedan constituir delitos penales o administrativos graves.
Las empresas deben establecer su sistema canal de denuncias según el tamaño de su plantilla: aquellas con 250 empleados o más, así como administraciones y organismos, deben hacerlo antes del 13 de junio de 2023. Por su parte, empresas con entre 50 y 249 empleados y municipios de menos de 10.000 habitantes tienen plazo hasta el 1 de diciembre de 2023.
No cumplir con la obligación de contar con un sistema interno de reportes según lo estipulado por la ley se considerará una infracción grave, con posibles sanciones para las empresas que varían entre 30.001 y 300.000 euros. Además, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) podrá imponer:
- Amonestación pública.
- Prohibición de recibir subvenciones o beneficios fiscales por hasta cuatro años.
- Prohibición de contratar con el sector público por hasta tres años.
